Cual coladera abierta empieza a brotar la peste sobre el asunto de los casinos en Monterrey, específicamente el Casino Royale. Tal como sucedió hace algunos años con el caso de la guardería ABC las irregularidades con las que operan estos establecimientos estan siendo ventiladas y los tres niveles gobiernos (involucrados hasta el cuello) toman “medidas” para evitar que esta tragedia se vuelva a repetir.
Hasta el momento la arremetida conjunta del gobierno estatal y municipal va en contra de los casinos que están funcionando de manera irregular, se prometen medidas inmediatas para evitar la proliferación de casas de juego y garantizar la seguridad de los asistentes a las mismas, tales como modificar las leyes mediante las cuales operan, evitar que el Tribunal de lo Administrativo otorgue amparos, “renunciar” al magistrado que estuvo vinculado con el otorgamiento de permisos y revisiones por parte de protección civil a sus instalaciones.
En una franca exhibición mediática el alcalde declara que el casino no contaba con el permiso por parte del municipio para operar, mientras que el apoderado legal lo acusa de no estar bien asesorado o que “le falta información” pues argumenta que el inmueble operaba bajo la ley desde 2003 como sitio de apuestas desde que ganaran un juicio en el que se demandó al municipio por lo que la tragedia (textualmente) “no es responsabilidad del casino ni de los dueños”.
Pero el trasfondo de este asunto es mucho mas macabro de lo que aparenta, la colusión entre gobierno y los grupos del crimen organizado es evidenciada mientras la sociedad civil es victima del fuego cruzado y como resultado se tienen 52 muertes inocentes en un ataque que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado a aclarar los motivos o los avances en las investigaciones (si es que las hay). Las cantidades de dinero que se mueven en estos negocios son exorbitantes mismas que se convierten en un pastelote del que mas de uno quiere recibir una tajada. Como prueba de lo anterior, esta mañana han salido a la luz publica la evidencia de las presuntas relaciones del hermano del edil regiomontano con el cobro de cuotas por protección a varios casinos en Monterrey. Se hacen públicos los nombres de los jueces que otorgaron desde la Cd. de México los amparos para que estos negocios pudieran operar evidenciando nuevamente la corrupción que opera dentro de nuestras instituciones.
¿Y donde queda la sociedad civil en toda esta porquería? Es claro que a ninguna de las partes les interesa la seguridad de la gente que acude a esos lugares, solo su dinero. No hay que olvidar que buena parte de las ganancias provienen del bolsillo precisamente de la gente que va a apostar con la esperanza de ganarse un billetito extra. Es la sociedad la principal responsable de la existencia de estos lugares, pues cual nicotina envicia al jugador hasta exprimirle el último centavo. Es el mismo caso que con el trafico de drogas, mientras haya consumidores habrá gente dispuesta a cubrir el mercado.
No va a ser tarea fácil para el gobierno terminar con esta enorme y lucrativa red de corrupción, menos si las personas sigan siendo el principal financiador de este lucrativo negocio.
Un marco regulatorio que defina de manera clara y precisa el actuar de los casinos en México, sin vacíos que den pie al cochupo y la corrupción de autoridades, y una sociedad informada pero sobre todo involucrada… mientras tanto nada va a ser diferente.
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