CANCÚN QUINTANA ROO
POR.- Elizabeth Jiménez Corona
La impunidad y corrupción de las autoridades a diferentes niveles no permite hacer efectiva la amplia legislación que se tiene en Quintana Roo para combatir y erradicar la explotación y pornografía sexual infantil, sostuvo la coordinadora nacional de la Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ECPAT), Norma Negrete Aguayo quien presentó el diagnostico donde muestran la intervención de la mafia cubana, rusa y de los zetas en el circuito de tráfico de drogas y trata de personas en el Estado.
Durante su ponencia en el foro “Detener la violencia sexual contra niños, niñas y mujeres”, expuso el último estudio realizado denominado la Trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la frontera de México con Belice.
Ante un público integrado por titulares de diferentes dependencias gubernamentales de Veracruz, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, y Yucatán, destacó que en Quintana Roo existen dos circuitos de tráfico de drogas y trata de personas.
Este se da dijo de la siguiente manera; al norte, a través de la vía marítima, entran por Isla Mujeres y Cozumel con destino a Tulum y Cancún, donde las principales víctimas son de origen cubano. Mientras que por vía aérea se identifica la llegada de víctimas de origen europeo, además de orientales y sudamericanos.
Explica que en el segundo circuito, al sur comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, desde donde por vía marítima utilizan dos playas de entrada en Mahahual y Othon P. Blanco.
“Por vía aérea el aeropuerto internacional de Chetumal y en tierra a través del cruce de la frontera con Belice por subteniente López, donde las principales víctimas son de origen centroamericano y sudamericano”, destaca.
Y hace referencia a la participación de la mafia cubana, en menos medida de la mafia rusa y de los zetas en las redes de tráfico y trata de personas.
Esto aunado a las redes de tráfico y trata de personas en la frontera de México con Belice que específicamente vende niñas beliceñas y guatemaltecas para trabajo doméstico en México.
Afirmó que México no cuenta con sus sistema garante que permita el cumplimiento de los derechos de los niños y expuso que el enfoque de este estudio en el Estado de Quintana Roo es porque hay dos regiones que lo hacen vulnerable; el ser un destino turístico y un estado fronterizo.
Negrete Aguayo, dijo que la implicación de las autoridades cobra tal dimensión que a pesar de los avances importantes en el marco de protección que quizás es uno de los más completos y que incluso no se tiene esta legislación a nivel federal, hace que exista la impunidad.
Puntualizó que estos avances no se traducen en un sistema de protección eficaz, eficiente que realmente este a la altura y donde la mayoría no tienen acceso a una herramienta de protección.
“Lastimosamente en Quintana roo encontramos el problema de la impunidad y corrupción de las autoridades a diferentes niveles que no hace efectiva las leyes”, aseguró.
Una de las situaciones que aseguró les llamo la atención es el uso de medios en relación a los teléfonos móviles en el Centro - Sur de Quintana Roo, debido a las prácticas que se tienen de filmarse sosteniendo relaciones sexuales.
La coordinadora nacional de ECPAT que es una red mundial de organizaciones que busca que todos los niños y adolescentes gocen de sus derechos libres de la explotación sexual, explico que detectaron que en Chetumal en el muelle se concentran en este lugar donde se graban y estos videos los subían a la red.
Ý encontraron también una zona de explotación en la industria de la caña de azúcar, donde se encontraron niños entre 7 y 8 años trabajando en la labor del corte de caña, con un pago menor.
Advirtió que otra situación de riesgo son los concursos de belleza, que inician desde preescolar en las instituciones educativas hasta el nivel media superior y que involucra la mercantilización y utilización de las niñas.
Dentro de las conclusiones y recomendaciones, aseguró que esta investigación es un primer acercamiento, a la que le hace falta una mayor inversión de recursos para tener un panorama nacional como en la frontera con Belice.
Señaló es necesario contar con programas de capacitación dirigido a Ministerios Públicos, jueces y policías a fin de que conozcan las leyes que protejan a los niños y niñas.
“Hacemos un llamado porque el Estado tome en cuenta a su población indígena para que se puedan hacer programas que tengan el interés de atender en la prevención selectiva”, aseveró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario