EN CHIAPAS.
POR.- ISAÍ LÓPEZ
El Congreso del Estado agregó un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para eliminar el arraigo del sistema penal, y en los próximos días lo eliminará de la ley secundaria del Código de Procedimientos Penales, resolución que será enviada a los 118 Ayuntamientos para su promulgación, una vez que la mayoría otorgue su respaldo.
"En el estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la averiguación previa, queda vigente única y exclusivamente por lo que se refiere a los delitos considerados como delincuencia organizada, regulados por la legislación federal", puntualiza el dictamen.
Se acaba con el estatus "sui géneris" que padecen las personas detenidas bajo arraigo, la figura desde siempre restringe de manera considerable el derecho de la persona detenida en flagrancia o caso urgente a que su situación jurídica se resuelva en 48 horas, ante la autoridad del Ministerio Público ó 72 horas ante la autoridad jurisdiccional.
Ahora se busca evitar la violación al derecho que le asiste de ser presentados sin demora ante autoridad judicial que estudie y resuelva sobre la legalidad de su detención, se otorgan plenas garantías a los ciudadanos para que fuera de los casos de flagrancia o urgencia, las detenciones sólo lleven a cabo forzosamente mediante mandamiento judicial, justificaron los legisladores del PAN, PRI, PRD, PT, Convergencia, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
El dictamen indica que en el país y en específico en Chiapas, desde el año de 1938, se estableció esta figura como un mecanismo de protección a las víctimas en la comisión de ilícitos; hoy, se trata de reconocer y cumplir los derechos y garantías de las personas, reducir y abatir los índices de criminalidad.
Con ello, para detener a una persona habrá primero que hacer una profunda investigación por parte del agente de Ministerio Público del fuero común, no más detenciones antes de indagar, los derechos humanos se respetan y se hacen respetar y el arraigo estaba en contra de esa posibilidad.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arely Madrid Tovilla, precisó que con esta decisión se está en congruencia con el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva que se contempla en los artículos XVII y XXIV de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Madrid Tovilla hizo una remembranza del sistema penal del estado, admitió la exigencia de la sociedad de aplicar procesos penales transparentes, ello a pesar de que su compañero priísta, el diputado Víctor Ortiz del Carpio, exigió al presidente de la mesa directiva, Zoé Robledo Aburto, detener su participación por considerar que se extendió en tiempo.
También explicó que se sustenta la decisión de los legisladores en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49 de la Constitución Política de Chiapas.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Jesús Aquino Calvo, dijo que el Congreso local asume las consecuencias de la reforma, que a su juicio responde a la exigencia de garantizar procesos penales estrictamente apegados a derecho.
La diputada María Gertrudis Hernández Hernández sostuvo que la mala integración de las averiguaciones previas daba paso a la violación a los derechos humanos, lo cual se resuelve con la reforma; mientras que el legislador Javín Guzmán Vilchis consideró que Chiapas da un paso sustantivo en el país para eliminar el arraigo.
No asistieron a la sesión ordinaria los congresistas: María del Carmen López Rodas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Samuel Alexis Chacón Morales, del PRI; y Jorge Álvarez López, del Verde Ecologista de México (PVEM).
El Congreso del Estado agregó un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para eliminar el arraigo del sistema penal, y en los próximos días lo eliminará de la ley secundaria del Código de Procedimientos Penales, resolución que será enviada a los 118 Ayuntamientos para su promulgación, una vez que la mayoría otorgue su respaldo.
"En el estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la averiguación previa, queda vigente única y exclusivamente por lo que se refiere a los delitos considerados como delincuencia organizada, regulados por la legislación federal", puntualiza el dictamen.
Se acaba con el estatus "sui géneris" que padecen las personas detenidas bajo arraigo, la figura desde siempre restringe de manera considerable el derecho de la persona detenida en flagrancia o caso urgente a que su situación jurídica se resuelva en 48 horas, ante la autoridad del Ministerio Público ó 72 horas ante la autoridad jurisdiccional.
Ahora se busca evitar la violación al derecho que le asiste de ser presentados sin demora ante autoridad judicial que estudie y resuelva sobre la legalidad de su detención, se otorgan plenas garantías a los ciudadanos para que fuera de los casos de flagrancia o urgencia, las detenciones sólo lleven a cabo forzosamente mediante mandamiento judicial, justificaron los legisladores del PAN, PRI, PRD, PT, Convergencia, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
El dictamen indica que en el país y en específico en Chiapas, desde el año de 1938, se estableció esta figura como un mecanismo de protección a las víctimas en la comisión de ilícitos; hoy, se trata de reconocer y cumplir los derechos y garantías de las personas, reducir y abatir los índices de criminalidad.
Con ello, para detener a una persona habrá primero que hacer una profunda investigación por parte del agente de Ministerio Público del fuero común, no más detenciones antes de indagar, los derechos humanos se respetan y se hacen respetar y el arraigo estaba en contra de esa posibilidad.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arely Madrid Tovilla, precisó que con esta decisión se está en congruencia con el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva que se contempla en los artículos XVII y XXIV de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Madrid Tovilla hizo una remembranza del sistema penal del estado, admitió la exigencia de la sociedad de aplicar procesos penales transparentes, ello a pesar de que su compañero priísta, el diputado Víctor Ortiz del Carpio, exigió al presidente de la mesa directiva, Zoé Robledo Aburto, detener su participación por considerar que se extendió en tiempo.
También explicó que se sustenta la decisión de los legisladores en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49 de la Constitución Política de Chiapas.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Jesús Aquino Calvo, dijo que el Congreso local asume las consecuencias de la reforma, que a su juicio responde a la exigencia de garantizar procesos penales estrictamente apegados a derecho.
La diputada María Gertrudis Hernández Hernández sostuvo que la mala integración de las averiguaciones previas daba paso a la violación a los derechos humanos, lo cual se resuelve con la reforma; mientras que el legislador Javín Guzmán Vilchis consideró que Chiapas da un paso sustantivo en el país para eliminar el arraigo.
No asistieron a la sesión ordinaria los congresistas: María del Carmen López Rodas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Samuel Alexis Chacón Morales, del PRI; y Jorge Álvarez López, del Verde Ecologista de México (PVEM).
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